Lo que me acaba de contar un amigo que vive en un pueblo mediano de Catalunya es, como decimos en catalán, ‘per llogar-hi cadires’ (el equivalente a ‘el colmo de los colmos’). Un trabajador público le ha dicho que, aunque no lo podía hacer, le enviaba por correo electrónico la copia de la carta de pago de un impuesto para facilitarle el trámite. Le ha confirmado que es lo que suelen hacer cuando algún ciudadano les dice que no ha recibido la carta por correo postal, o que le va mal acercarse al Ayuntamiento para hacer el pago. O sea que, gracias a la voluntad del trabajador público, a mi colega se le ha realizado un ‘trámite online a la carta’.
Lo más grave, creo, es que cuando el funcionario le ha propuesto el envío por mail, mi buen amigo ha sabido que, aunque hay muchos como él que lo han pedido, esta opción no es oficial porque no la existe la opción de activarla en la página Web del Ayuntamiento o de la autoridad competente.
¿Cómo puede ser que algo tan sencillo como esa forma de comunicación, ese trámite propio del eGobierno, tenga que ejecutarse por la buena predisposición de los mismos funcionarios? Esto me recuerda a algo que me ocurrió a mí. Un funcionario me propuso el enviar él un fax al organismo que debía darme un certificado, en lugar de solicitar dicho certificado a través de un formulario cumplimentado que yo mismo me había descargado de Internet. La acción iba en contra del eGobierno, cierto, pero aquí también el funcionario activó su ‘mente abierta’ para agilizarme el trámite.