El otro día tuve la oportunidad de dar una clase, junto con Carlos Guadián, sobre blogs y eGobierno en un seminario internacional desarrollado en la Universitat Pompeu Fabra por nuestros colegas Miquel Salvador i David Sancho.
Fue muy interesante ver cómo algunos de los presentes -había gente de administraciones, de empresas consultoras y de ongs de países latinoamericanos, Ásia, África y Europa- estaban realmente ‘preocupados’ de las posibilidades que ofrecen los blogs para los trabajadores públicos y los cargos políticos.
Concretamente, un par de los asistentes -uno, creo, era de un país del este y otro era de un país de la zona asiática de la Índia, aunque no indagué si era hindú- preguntaron si había alguna forma de controlar los contenidos de los blogs personales de los trabajadores públicos, ya que , decían, hay leyes que obligan a guardar el secreto sobre ciertas informaciones comprometidas. Para detallar más, el del este dijo: ‘Pero, de los ejemplos que ponéis vosotros -hablábamos del blog de Rafael Chamorro y de Iñaki Ortíz/Alorza, entre otros- , lo autores hablan y critican públicamente decisiones gubernamentales antes de que se presenten en público?’.
La respuesta fue, evidentemente, que no, que los autores son lo suficientemente inteligentes para hablar de lo que saben que pueden hablar y de lo que deben hablar. Y que si alguna vez dan informaciones que se salen de la Ley o de su contrato con la administración, pues que ya actuarán los tribunales.
Y es aquí dónde yo deduje que en ciertos países recientemente democráticos, como los del antiguo bloque soviético, los trabajadores públicos tienen harto complicado el desarrollar blogs de eGobierno o eAdministración. Porque, si no, ¿a qué venía esa pregunta que he comentado?
Antes del verano estuve también con unos funcionarios y funcionarias de dos importantes ciudades rusas que estuvieron en un seminario de eGobierno en Barcelona. Lo comenté aquí. Cuando visitaron el proyecto AOCAT y se les dijo que el objetivo era llegar a un intercambio óptimo de datos entre administraciones para agilizar los trámites online, se pusieron las manos a la cabeza. No entendían que alguna administración estuviese dispuesta a dar datos, y menos para beneficiar a la ciudadanía.