9 Oct 2007 | 7:56 pm | Autor: Roc Fages
Los entes locales aceptan la bondad de la nueva Ley de la Administración Electrónica (LAECSP), pero no tienen claro que puedan garantizar los derechos de los ciudadanos de su artículo 6 para finales del 2009.
En las Jornadas formativas de la FEMP se respiraba bastante escepticismo ante la LAECSP. La mesa que moderé con la Alcaldesa de Castrillón (Asturias), y los alcaldes de Jun (Andalucia) y Molina de Segura (Murcia) mostro bastante la visión de muchos entes locales. Se equilibraban a partes iguales el ultra-optimismo del Alcalde de Jun, el optimismo moderado del Alcalde de Molina y el realismo de la Alcaldesa de Castrillón.
Recordemos que el Artículo 6, en el que se especifican los Derechos de los ciudadanos en el ámbito de la adminsitración electrónica, se concreta, entre otras cosas, que podrán relacionarse con las administraciones públicas utilizando medios electrónicos, elegir el canal, no aportar datos que obren en poder de las administraciones –excepto en ciertos casos- , disponer de igualdad en el acceso electrónico, cononocer por medios electrónicos el estado de tramitación, obtener información a través de medios electrónicos como procedimientos y trámites. Todas las administraciones deberan facilitar el ejercicio de dichas garantías a partir del 31 de diciembre del 2009. En el caso de los entes autonómicos y locales, "siempre que lo permitan sus disponibilidades presupuestarias".
Pues bien, muchos representantes de municipios en las Jornadas esperaban más información des del Ministerio de Administraciones Públicas sobre líneas de financiación. Porque eso es lo que realmente les preocupa. En este sentido, algunos consideran necesario un trabajo conjunto de todas las administraciones para facilitar el intercambio de experiencias y, como más o menos dice la Ley, hasta de plataformas tecnológicas. Otros comentan que, de hecho, el ahorro de costes que supone la administración electrónica para un municipio hace que la inversión no suponga pérdidas reales.
Aquí entra el tema de si en los presupuestos locales debe priorizarse la administración electrónica cuando los usuarios no son precisamente una mayoría. Personalmente creo que el dinero para el eGobierno es una inversión, y no un gasto. Sobre la igualdad de acceso, la Ley deja claro que la eAdministración no será el único canal de relación con la administración. Vuelvo otra vez aquí a incidir en el tema de los intermediarios. Ahora es el momento de actuar en este ámbito.
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Si de algo sirve la experiencia de mis reuniones casi a diario con concejales de hacienda, desarrollo y nuevas tecnologías he de decir que muchos de ellos no saben ni de la existencia de la ley que ya es triste. Cuando se promulgó la ley pensé, “mira ya tengo otro argumento de venta”, pero no, por ese camino ni argumento ni venta.
Uno de los grandes ausentes en estas Jornadas fueron los representantes de las diputaciones provinciales. Escuchamos casos de ciudades y pueblos que están avanzando gracias el esfuerzo, apoyo e iniciativa de las diputaciones. Algunos representantes de ciudades miraban con envidia a esos afortunados. Quizá deban ser las diputaciones, con una visión más de conjunto, y sobre todo, con más músculo económico, los que debieran haber asumido la puesta en marcha de la Ley. De hecho, la ley debería estar enfocada a ellos y no tanto a las ciudades. Ante la ausencia de esa dirección, cada municipio está cogiendo su propio rumbo como buenamente puede y entiende.